Un maíz que fabrica su propia toxina insecticida y una soja a la que no afecta el herbicida que la rodea son, en lo técnico, dos plantas con un gen añadido. Todo lo demás —la seguridad, el modelo agrícola, las patentes, la ley— es un debate distinto en cada caso, y conviene tratarlo por separado. Lo que sigue intenta hacer eso: definir con precisión de qué se está hablando, repasar los tres casos reales con sus cifras, decir qué opinan las agencias sanitarias y separar esas objeciones de otras que son igual de legítimas pero de otra naturaleza. Sin militar en ningún bando.
Qué es exactamente una planta transgénica
Una planta transgénica es aquella en cuyo genoma se ha insertado, mediante técnicas de laboratorio, uno o varios genes procedentes de otro organismo, normalmente de una especie con la que no podría cruzarse de forma natural. El gen se introduce con la ayuda de la bacteria Agrobacterium tumefaciens, que en la naturaleza transfiere ADN a las plantas por su cuenta, o disparando micropartículas recubiertas de ADN.
El resultado es una planta que fabrica una proteína nueva: una toxina insecticida, una enzima que la hace insensible a un herbicida, o una ruta metabólica que sintetiza un pigmento. Todo lo demás de la planta permanece igual.
Tres tecnologías distintas que se confunden
Mejora clásica. Cruzar dos variedades y seleccionar la descendencia durante generaciones. Mueve miles de genes a la vez y de forma poco controlada, pero es lo que ha producido el trigo, el maíz y la manzana que se comen hoy. Incluye también, desde los años cincuenta, la mutagénesis inducida: someter semillas a radiación o a productos químicos para provocar mutaciones al azar y quedarse con las útiles. Varios cientos de variedades comerciales, algunas de agricultura ecológica, proceden de ese método y nunca se han considerado transgénicas ni han pasado evaluación específica.
Transgénesis. Insertar un gen concreto y conocido, de otra especie. Es lo descrito arriba y lo que la normativa europea llama organismo modificado genéticamente.
Edición génica. Modificar con precisión una secuencia del propio genoma de la planta —desactivar un gen, cambiar unas bases— sin introducir ADN ajeno. CRISPR-Cas9 es la herramienta más conocida. El resultado final puede ser indistinguible de una mutación espontánea. Jurídicamente, sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2018 (asunto C-528/16) que los organismos obtenidos por mutagénesis dirigida quedan sujetos a la directiva de OMG, con sus mismos trámites. En julio de 2023 la Comisión propuso un reglamento específico para estas nuevas técnicas genómicas, que distinguiría dos categorías según el tipo de cambio introducido; su tramitación ha continuado desde entonces.
Maíz Bt: lo que muestran los datos
El maíz Bt lleva un gen de la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis —en el evento MON810, el gen cry1Ab— que produce una proteína tóxica para las larvas de determinados lepidópteros. En España el objetivo son los taladros del maíz, Sesamia nonagrioides y Ostrinia nubilalis, plagas que perforan el tallo y contra las que el insecticida convencional resulta poco eficaz, precisamente porque la larva pasa la mayor parte de su vida dentro de la planta.
Efecto medido: menos tratamientos insecticidas y menos daño en la mazorca. Un metaanálisis muy citado de 2014, que reunió 147 estudios sobre cultivos transgénicos en general, estimó una reducción media del 37 % en el uso de pesticidas y un aumento del 22 % en el rendimiento, con la advertencia de que agrupa situaciones agronómicas y países muy dispares. En el caso concreto del maíz Bt hay además un efecto secundario bien documentado: la menor perforación del tallo reduce la incidencia de hongos del género Fusarium y, con ella, la contaminación por micotoxinas del grano.
El punto débil también está documentado: los insectos evolucionan. Se han descrito poblaciones resistentes a proteínas Cry en varias plagas y países —Busseola fusca en Sudáfrica, Spodoptera frugiperda en América— cuando no se han respetado las medidas de manejo. Por eso la normativa española obliga a sembrar refugios de maíz convencional junto a las parcelas Bt que superan cierta superficie, del orden del 20 %, para mantener poblaciones de insectos sensibles que diluyan los genes de resistencia.
Soja tolerante a herbicida: la ventaja y su reverso
La soja tolerante a glifosato incorpora una versión de la enzima EPSPS que el herbicida no inhibe, de modo que se puede tratar el cultivo en pleno crecimiento y eliminar las malas hierbas sin dañarlo. Simplificó enormemente el manejo, permitió sustituir herbicidas más persistentes por uno de vida media corta y facilitó la siembra directa sin laboreo, con el beneficio consiguiente en erosión del suelo.
El reverso llegó por donde era previsible. Aplicar el mismo herbicida, año tras año, sobre la misma superficie, es una presión de selección enorme. Hoy hay más de cuarenta especies de malas hierbas con resistencia confirmada al glifosato en el mundo, algunas tan problemáticas como Amaranthus palmeri o varias Conyza. La respuesta del mercado ha sido introducir variedades con tolerancia a herbicidas adicionales, como dicamba o 2,4-D, lo que ha reabierto problemas antiguos de deriva hacia parcelas vecinas.
Es importante ver dónde está el fallo: no en la transgénesis, sino en el monocultivo de una única estrategia de control. La misma resistencia aparece en agricultura convencional cuando se abusa de una familia de herbicidas.
Arroz dorado: veinticinco años de una sola planta
En 1999, un equipo dirigido por Ingo Potrykus y Peter Beyer publicó un arroz al que se le habían añadido dos genes —uno de narciso y otro de una bacteria, sustituidos después por uno de maíz en la segunda versión— que le permitían acumular betacaroteno, precursor de la vitamina A, en el grano. El objetivo era el déficit de vitamina A, causa de ceguera infantil y de mortalidad asociada en poblaciones cuya dieta depende del arroz blanco.
La segunda generación alcanzó contenidos suficientes para aportar una fracción relevante de las necesidades diarias. Los derechos se cedieron para uso humanitario sin regalías a agricultores de bajos ingresos. Aun así, el recorrido ha sido largo: autorizaciones de seguridad alimentaria en varios países a partir de 2018, aprobación para cultivo comercial en Filipinas en 2021 y primeras cosechas en 2022; en 2024 un tribunal de apelación filipino anuló los permisos de bioseguridad, decisión recurrida, y el asunto ha seguido en los tribunales.
La lectura que cada bando hace de esta historia es distinta. Para unos, demuestra que la oposición organizada ha retrasado dos décadas una herramienta contra un problema de salud grave. Para otros, demuestra que una solución tecnológica aislada no sustituye a la diversificación de la dieta y a la mejora del acceso a alimentos variados, que es lo que de hecho ha reducido el déficit de vitamina A en varios países durante esas mismas décadas. Ambas observaciones son compatibles.
Lo que dicen las agencias sanitarias
Sobre la seguridad alimentaria de las variedades aprobadas, la posición de los organismos científicos y reguladores es coincidente. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria evalúa cada evento caso por caso —composición, alergenicidad, toxicidad de la proteína nueva, equivalencia sustancial con la variedad de partida— y solo tras ese dictamen se autoriza. La Comisión Europea publicó en 2010 una recopilación de una década de investigación financiada con fondos públicos, con más de cincuenta proyectos, cuya conclusión fue que la biotecnología, y en particular los OMG, no entrañan riesgos mayores que las técnicas convencionales de mejora. La Organización Mundial de la Salud, la FAO y las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos, en su informe de 2016, sostienen lo mismo.
Conviene precisar el alcance de esa afirmación, porque se cita mal en las dos direcciones. No dice que cualquier planta transgénica sea segura por definición; dice que las autorizadas han superado una evaluación específica y que no se ha detectado un riesgo inherente a la técnica. Cada evento nuevo se analiza por separado, y alguno ha sido rechazado o retirado en el proceso.
Las objeciones que sí resisten el análisis
Si el debate se plantea como una cuestión de salud, se queda corto y además se desvía de lo importante. Las críticas de fondo son de otro orden.
Agronómicas. Aparición de resistencias en plagas y malas hierbas, ya descrita, y simplificación de los sistemas de cultivo hacia el monocultivo, que es un problema de resiliencia. También la coexistencia: distancias de aislamiento y flujo de polen entre parcelas transgénicas y convencionales o ecológicas, que en España se regula con separaciones mínimas y obligaciones de información al vecino.
Económicas y de concentración. Es la objeción más sólida. El desarrollo de un evento transgénico cuesta muchos millones y varios años de trámites, lo que en la práctica excluye a la investigación pública y a las empresas pequeñas, y refuerza la posición de un puñado de multinacionales. Las fusiones de la última década —Bayer con Monsanto, Dow con DuPont dando lugar a Corteva, ChemChina con Syngenta— han dejado el mercado mundial de semillas y fitosanitarios muy concentrado. A ello se suman los contratos de uso que impiden reservar semilla para la siembra siguiente. Aquí procede un matiz honesto: esa limitación no es exclusiva de lo transgénico, porque las variedades híbridas convencionales tampoco se resiembran con provecho y las variedades protegidas por derechos de obtentor también restringen el uso. Y otro matiz: la tecnología llamada Terminator, que produciría semilla estéril, nunca se ha comercializado.
De gobernanza. Quién decide qué se investiga, con qué criterio se reparten los beneficios y qué grado de dependencia asume un país respecto de proveedores externos de semilla. Son preguntas políticas, no biológicas, y no se responden con un análisis de laboratorio.
El marco legal en Europa y en España
La Unión Europea aplica una de las regulaciones más estrictas del mundo, construida sobre la Directiva 2001/18/CE para la liberación al medio ambiente y los Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003 para alimentos, piensos, trazabilidad y etiquetado.
De ahí salen tres hechos concretos. Primero, el maíz MON810 es el único OMG cuyo cultivo está autorizado en la UE, y España concentra prácticamente toda su superficie europea, con cifras que han oscilado entre unas 130.000 hectáreas en los años de máximo y algo más de la mitad en los últimos ejercicios, sobre todo en Aragón, Cataluña y Extremadura. Segundo, la Directiva (UE) 2015/412 permite a cada Estado miembro prohibir el cultivo en su territorio por motivos propios, y una mayoría de países lo ha hecho. Tercero, la importación es otra historia: hay decenas de eventos autorizados para alimentación humana y animal, y la UE importa cada año millones de toneladas de soja y maíz transgénicos, en su mayor parte destinados a pienso.
Sobre el etiquetado, la norma exige indicar la presencia de OMG en alimentos y piensos cuando supera el 0,9 % y no es accidental ni técnicamente inevitable. Y hay una excepción que conviene conocer: la carne, la leche y los huevos procedentes de animales alimentados con pienso transgénico no llevan etiqueta, porque el producto en sí no contiene material modificado.
En resumen
Una planta transgénica lleva insertado un gen de otra especie, y eso la distingue tanto de la mejora clásica, que mueve genomas enteros al azar, como de la edición génica, que retoca el genoma propio sin añadir ADN ajeno. Los casos reales dan resultados mixtos y comprobables: el maíz Bt reduce insecticidas y micotoxinas pero exige refugios para retrasar la resistencia de los taladros; la soja tolerante a herbicida simplificó el control de hierbas y acabó seleccionando malas hierbas resistentes; el arroz dorado sigue, veinticinco años después, atrapado entre tribunales y controversia. Sobre la seguridad alimentaria de las variedades aprobadas existe un acuerdo amplio entre las agencias sanitarias, siempre con evaluación caso por caso. Las objeciones consistentes son agronómicas, económicas y de concentración de patentes, y esas siguen abiertas. En la UE solo se cultiva MON810, España aporta casi toda esa superficie, y el etiquetado es obligatorio por encima del 0,9 % salvo en productos de animales alimentados con pienso transgénico.
